El Gobierno Nacional ha desatado una tormenta económica y política para este 2026 al firmar un decreto de emergencia que dispara los impuestos al tabaco y los licores. Con el objetivo de tapar un hueco fiscal que no da tregua, se han fijado tarifas drásticas para el alcohol, el cigarrillo y los vapeadores, provocando un choque frontal con los gobernadores que ven en esta medida un zarpazo a la autonomía regional y a la salud en los departamentos.
Lo que debes saber
- Meta de recaudo: El Ejecutivo proyecta captar $2,5 billones de pesos adicionales para equilibrar las cuentas del presupuesto nacional de 2026.
- IVA al licor: La tarifa para licores y aperitivos (excepto cerveza) salta del 5% al 19%, lo que encarecerá las botellas entre un 25% y 30%.
- Tabaco por las nubes: El impuesto por cajetilla de cigarrillos sufre un aumento masivo, pasando de un componente de $2.100 a uno de $11.200.
- Vapeadores en la mira: Por primera vez, se impone un impuesto nacional al consumo del 19% para cigarrillos electrónicos y sus líquidos.
- Rebelión regional: Los gobernadores rechazan la medida, argumentando que la Nación está centralizando recursos que constitucionalmente pertenecen a las regiones para salud y deporte.
El Decreto 1474 de 2025 se ha convertido en el nuevo detonante de la tensión entre la Casa de Nariño y los entes territoriales. Tras el fracaso de la Ley de Financiamiento en el Congreso, el presidente ha utilizado la figura de la emergencia económica para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado en 2026. El argumento oficial se sostiene en la «salud pública», buscando que el alto costo de estos productos reduzca su consumo y, por ende, las enfermedades asociadas que saturan el sistema sanitario.
Sin embargo, el impacto en la economía real y en la seguridad es lo que más preocupa a los expertos. Al elevar los precios de forma tan abrupta, se corre el riesgo inminente de disparar el contrabando. Históricamente, cuando la brecha de precio entre el mercado legal y el ilegal se vuelve tan ancha, las mafias del licor adulterado y el tabaco ilegal ganan terreno rápidamente. Esto no solo podría terminar reduciendo el recaudo real esperado, sino que pondría en grave peligro la vida de los consumidores que acudan a productos no certificados por ser más baratos.
Desde el punto de vista político, la disputa podría llegar pronto a la Corte Constitucional. Los departamentos sostienen que estas rentas son cedidas y que el Gobierno Central no puede disponer de ellas unilateralmente para cubrir el déficit de la Nación. Mientras la batalla legal se define, los estancos y tiendas de barrio ya han empezado a ajustar sus precios, marcando un inicio de año amargo para el sector de entretenimiento y un desafío logístico para las autoridades que deberán combatir el mercado negro en las fronteras.
🤔 ¿Consideras que este aumento es una medida necesaria de salud pública para desincentivar el consumo o simplemente una estrategia del Gobierno para tapar el déficit fiscal a costa del bolsillo ciudadano y las regiones?
